El Gobierno nacional disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había montado para investigar el escándalo alrededor de $Libra, la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei desde sus redes sociales y que está sospechada de ser una estafa. Lo hizo a través del decreto 332/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y que lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La UTI había sido creada el día 19 de febrero, cinco días después del tuit presidencial en el que se presentaba el criptoactivo, y su tarea era “recabar información relacionada con el criptoactivo denominado “$LIBRA”, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.

La UTI estuvo a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, dependiente del propio Ministerio de Justicia. Allí recabó información de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), de ARCA, del Banco Central, de Casa Militar, de Secretaría General de Presidencia de la Nación (el área que corresponde a Karina Milei), la Dirección Nacional de Migraciones, la Oficina Anticorrupción o Secretaría Legal y Técnica entre otras áreas del Estado.

Según argumentó el Gobierno, la comisión ya emitió un informe que fue presentado al Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual ordenan disolver la Unidad investigadora, que funcionó solo tres meses.

Paralelamente a esta medida, el Gobierno intenta ponerle un freno al debate legislativo alrededor del criptoescándalo. Todo en medio de la decisión de la jueza María Servini de Cubría que activó la causa judicial al ordenar el congelamiento de los bienes y activos financieros de los principales implicados en el presunto fraude.

En forma paralela, la jueza dispuso medidas para investigar en forma reservada el patrimonio del presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un legajo secundario que está bajo secreto de sumario. (DIB)