Fue de manera virtual. Se oficializaron los cambios en la Presidencia del cuerpo y se avalaron licencias de ediles de Cambiemos y del Frente de Todos. Se aprobaron proyectos de adhesión a las leyes Micaela y de donación de Plasma. 

El intendente de Pilar consideró que el anuncio “apunta a resolver problemas estructurales graves” que viven las fuerzas de seguridad. Destacó “la voluntad y decisión política” del Gobernador y del Presidente y agregó que “la inseguridad no se resuelve con marketing”. Pidió que los efectivos vuelvan a patrullar las calles.

La creación del fondo fue anunciada ayer por el Presidente, en el marco de las protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales.

Con esta decisión "comienza una equiparación del salario con el de la Policía Federal Argentina", aseguró el mandatario desde la Casa de Gobierno.

Lo dijo tras participar del anuncio que realizó el Presidente desde Olivos, junto a los jefes comunales del conurbano. Agregó que "es el camino para recuperar una distribución más justa". Volvió a repudiar la protesta policial en la Quinta de Olivos.

En total, ascienden a 10.658 los fallecidos y 512.295 los contagiados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Diferentes dirigentes, agrupaciones y funcionarios repudiaron a los efectivos que, para reclamar mejoras salariales, rodearon con patrullas la Quinta de Olivos. Rechazaron "la actitud intimidatoria" y llamaron al diálogo y a defender la democracia.

Entre los ramos que se incorporarán figuran diversos cursos, cuidado personal, reparaciones e instalación de alarmas. Resaltan la importancia del programa de sumar nuevos servicios para "acompañar el crecimiento del consumo interno en los próximos meses".

Efectivos reclaman al gobierno provincial suba de salarios. Los uniformados acudieron con las patrullas, con sirenas encendidas para visibilizar el pedido.

Consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Se abonará durante 6 meses. Con el beneficio buscan “contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida libre de violencias”.

La medida se aplicará cuando las personas hayan realizado dos viajes consecutivos sin la debida autorización. Buscan reducir la cantidad de personas que se mueven en el área metropolitana.