Tres hombres fueron detenidos tras la desarticulación de una organización dedicada a estafas informáticas y maniobras de lavado de dinero, que habría provocado perjuicios económicos por más de $1,8 billones a empresas y entidades financieras, en su mayoría ligadas al sector agropecuario.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de las acciones contra la ciberdelincuencia.

La causa se inició en octubre de este año, a partir de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial de Pergamino, que permitió avanzar sobre una estructura señalada por reiteradas estafas y complejas maniobras de blanqueo de capitales.

Según la pesquisa, el modus operandi consistía en el uso de documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado. Desde allí, los involucrados accedían a préstamos, cuyos fondos eran transferidos de forma inmediata a cuentas vinculadas a empresas de criptoactivos.

Posteriormente, el dinero era redirigido a otras plataformas del mismo rubro, donde se transformaba en activos virtuales y se enviaba a billeteras digitales de origen aún no identificado. De ese modo, se buscaba otorgar apariencia de legalidad a las operaciones, recurriendo además a terceros que simulaban realizar actividades de arbitraje con criptomonedas.

Los investigadores comprobaron que ninguno de los implicados estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), requisito obligatorio según la normativa vigente, lo que reforzó la hipótesis de un esquema destinado a ocultar fondos de origen ilícito.

A partir de presentaciones realizadas por distintas sucursales bancarias, se logró identificar a varias empresas damnificadas, todas vinculadas al ámbito agropecuario, confirmando que el monto sustraído ascendería a $1,8 billones, producto de múltiples transacciones.

En ese contexto, el juez César Solazzi ordenó ocho allanamientos: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en Santa Fe. Como resultado, tres hombres fueron detenidos, otras dos personas resultaron notificadas y se incautaron sumas de dinero en efectivo, divisas extranjeras y dispositivos electrónicos.

Los procedimientos se realizaron en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero, y en las localidades bonaerenses de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía y Colón, además de Rosario y General López, con apoyo de fuerzas federales y provinciales.

Uno de los principales sospechosos fue arrestado en la vía pública, en la intersección de avenida Belgrano y Castro Barros, luego de tareas de inteligencia que permitieron ubicarlo en un domicilio alternativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los detenidos e imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia acusados por el delito de asociación ilícita.