Un hombre de 45 años fue detenido en la localidad de Villa Rosa de Pilar, acusado de ejercer ilegalmente la profesión de veterinario y de haber amenazado a quienes lo denunciaron.
La investigación se inició tras la muerte de un perro que había sido atendido por el sospechoso.
Según fuentes policiales, la denuncia fue presentada por una mujer de 43 años, vecina del barrio Terrazas del Haras.
La víctima relató que en julio había adoptado a un perro que deambulaba por un supermercado de la zona y, al notar que el animal estaba enfermo, lo llevó al veterinario, donde el animal fue desparasitado.
Pero más tarde, al notar que el perro estaba enfermo, decidió llevarlo con un presunto veterinario, a quien contactó mediante su hermana.
El hombre, identificado por sus iniciales C.C. le indicó la realización de diversos estudios para la mascota, por los cuales la mujer efectuó transferencias bancarias a favor del hombre.
Sin embargo, al empeorar el estado del animal, la denunciante lo llevó a otra clínica veterinaria del barrio Las Brisas, donde le informaron que los estudios no eran válidos y que la persona que los había solicitado no era médico veterinario. Finalmente, el perro murió.
A partir de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos, los agentes de la SubDDI Pilar lograron identificar al sospechoso y solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar.
El procedimiento se realizó en una vivienda de Villa Rosa, donde se secuestraron credenciales apócrifas, instrumental quirúrgico, medicamentos, jeringas, gasas, un diploma de enfermería veterinaria y primeros auxilios no oficial, además de dos teléfonos celulares y un automóvil Volkswagen Gol, señalaron las fuentes a este portal.
El fiscal a cargo de la causa, Germán Camafreita, ordenó la aprehensión de urgencia de C.C., quien quedó imputado por los delitos de usurpación de títulos y honores y amenazas.
El acusado fue trasladado a sede judicial para ser notificado de su situación procesal.
La investigación continúa para determinar si existieron más personas afectadas por la actividad del imputado.
