El Juzgado Federal de Campana dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Luis Osmar Salomón, de 45 años, oriundo de Zárate, acusado de realizar una serie de amenazas de bomba entre junio y septiembre de este año en distintas instituciones de Pilar.
Además, se ordenó un embargo de 30 millones de pesos sobre sus bienes para cubrir posibles daños derivados de los operativos de seguridad.
Salomón, chofer de combi escolar, fue arrestado en su domicilio por la Policía Federal Argentina tras una investigación que lo vinculó con los llamados intimidatorios. Los hechos se dirigieron a cinco lugares emblemáticos de Pilar: la Universidad del Salvador (USAL), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Hospital Austral, la Universidad Austral y el Colegio Verbo Divino.
El arresto se realizó el 10 de septiembre luego de que los investigadores rastrearan la línea telefónica utilizada en las amenazas hasta identificarla a nombre de Salomón. En su vivienda se secuestró el celular utilizado para comunicarse con el 911 en distintas fechas: 17 de junio; 1, 11, 14 y 28 de agosto; y 8 de septiembre.
El primer episodio se registró con una nota manuscrita en el baño de la USAL, en la que se advertía sobre la colocación de explosivos: “Culpa del maldito gobierno que tenemos en nuestro país tenemos que aser (sic) esto… En el trascurso del día de hoy se van a activar 4 explosivos en la facultad USAL y UCES… Aula x aula van a tener que buscar”. Salomón incluso se presentó ante las autoridades universitarias como quien notificaba la amenaza, lo que, sumado al análisis de los llamados y la información de empresas de telefonía, permitió a la justicia avanzar en la investigación.
Cada amenaza provocó evacuaciones masivas, interrupciones en clases y en la atención hospitalaria, así como la movilización de fuerzas policiales y bomberos para descartar la existencia de explosivos. Los mensajes reiteraban la supuesta colocación de artefactos, señalando horarios y responsables, siempre vinculados con el gobierno nacional.
La causa pasó de la justicia provincial al fuero federal ante la reiteración de los hechos y su impacto en el orden público. El juez Adrián González Charvay fundamentó la prisión preventiva por riesgos procesales imposibles de neutralizar con medidas menos restrictivas y la necesidad de garantizar la investigación.
Salomón negó los cargos durante la indagatoria, asegurando que ofrecía su teléfono a los alumnos y que su voz no coincidía con la de los audios. También negó tener animosidad hacia las instituciones o el gobierno. Sin embargo, el juez consideró suficientes los elementos de prueba recabados, que incluyen audios, registros de la línea telefónica, pericias sobre la carta manuscrita y análisis de aplicaciones vinculadas al número.
La pericia scopométrica concluyó que la escritura de la carta coincide con los rasgos gráficos de Salomón. El embargo de 30 millones de pesos contempla los costos de los operativos policiales, estimados en $1.244.724,46, y los gastos reportados por las universidades: USAL $5.345.000 y UCES $830.000.
El procesamiento se enmarca en intimidación pública reiterada en seis episodios, conforme a los artículos 45, 55 y 211 del Código Penal.
