La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (APDRA), que cuenta con la participación de la Defensoría de Pilar bajo la dirección de Adrián Maciel, emitió un comunicado en el que destacó que las propuestas del Ejecutivo nacional "vulnerarían de modo flagrante" la normativa vigente. Subrayaron que la actual Ley de Salud Mental fue aprobada con amplio consenso, adoptando un enfoque basado en la inclusión social, la intervención comunitaria y el respeto a los derechos humanos.

Según APDRA, las modificaciones planteadas por el gobierno afectarían la integralidad del sistema de atención pública de la salud, desviándose de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.

Desde la Defensoría del Pueblo de Pilar, expresaron que las propuestas de cambio se perciben como "un retroceso en materia de derechos humanos". Argumentaron que las mismas permitirían a los jueces decidir internaciones sin la evaluación de un equipo interdisciplinario, transformando la internación en un acto jurídico en lugar de un procedimiento clínico-sanitario.

Además, señalaron que las modificaciones facultarían al abogado del Artículo 22 de la ley vigente a oponerse a la externación de su patrocinado, desnaturalizando el derecho a una defensa técnica. También destacaron preocupaciones sobre la autorización de establecimientos específicos y la modificación en la composición del Órgano de Revisión, prescindiendo de organismos representativos.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina sostiene que la Ley de Salud Mental debe ser implementada, subrayando la importancia de asignar mayores recursos presupuestarios al sistema integral de salud y mejorar las condiciones de tratamiento y abordaje de acuerdo con estándares internacionales, tanto en el sector público como en el privado.