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Jueves, 19 Septiembre 2019 18:58

Vuelve la tensión al Concejo: la Emergencia Alimentaria llega al recinto con dos proyectos

El Frente de Todos presentó un texto para tratar este viernes por la mañana, donde busca además de facilitar la asistencia controlar el destino de la ayuda para evitar el uso “electoral”. El gobierno llamó para una sesión por la tarde, donde intentará imponer su iniciativa, que no contempla esa supervisión y además le da más facultades al jefe comunal, como readecuar contratos o darlos de baja.

La Emergencia Alimentaria volverá a tensar a la oposición y el oficialismo en el Concejo Deliberante.

 

Es que luego de que el Frente de Todos convocara a una sesión extraordinaria para este viernes por la mañana, a las pocas horas el oficialismo hizo lo mismo y llamó a una sesión pero para la tarde, donde buscará imponer su propia iniciativa.

 

La oposición busca dotar al Ejecutivo de herramientas que le permitan disponer de fondos para fortalecer la ayuda alimentaria. Pero además, según el texto de los ediles Santiago Laurent, Federico Achával y Paula González, apuntan a ejercer un férreo control del destino de esa ayuda, para evitar el uso “clientelar y electoral” de la asistencia.

 

Por un lado, establecen que los planes que surjan de la emergencia deberán ser canalizados por la Dirección de Fortalecimiento Familiar, y no que sean “punteros políticos los que repartan la ayuda con fines de campaña”, disparó González cuando el Frente de Todos presentó la medida, la semana pasada.

 

Además, propusieron crear un Consejo de Emergencia Alimentaria, un ente que estaría integrado, en caso de aprobarse, por ediles del oficialismo, la oposición, la Defensoría del Pueblo e incluso ONGs y otras instituciones.

 

Esa posibilidad fue rechazada por el intendente Nicolás Ducoté, quien expuso que un consejo de ese tipo solo demoraría la ayuda, además de calificarla como una “artimaña electoral”. “No sirve de nada, ni loco. No tengo ningún interés de impulsar eso”, rechazó Ducoté en diálogo con Pilar de Todos.


Para Laurent, esa postura lo único que busca es evitar los controles y que la asistencia se haga de manera transparente.

 

“Si Ducoté plantea esta cuestión lo que quiere no es una emergencia alimentaria, sino una ordenanza que le permita comprar mercadería sin ningún tipo de control para utilizarlo como una herramienta política. Es irracional que el intendente se oponga a un consejo que es democrático y plural. Ducoté tiene que blanquear sus intenciones: o esta preocupado por la situación que viven los pilarenses, o solo quiere una herramienta electoral”, disparó Laurent.

 

 

El proyecto del oficialismo

 

Desde Juntos por el Cambio apuestan no solo a dejar sin quórum a la oposición por la mañana, sino a aprobar su propio proyecto por la tarde.

 

La iniciativa, en rigor, es más amplia y no solo contempla la asistencia extraordinaria desde lo alimentario, sino que además declara la emergencia económica y financiara, lo que faculta al intendente a rever contratos, readecuarlos o incluso darlos de baja.

 

El texto de Cambiemos hace referencia a que “como consecuencia de la crisis económica en la que se encuentra inmerso el País, se verifica a nivel local el incremento de sectores de la población que presentan mayor vulnerabilidad social, a cuyas necesidades básicas el Estado debe atender con

premura, echando mano de mecanismos de excepción que se traduzcan en respuestas ágiles, eficientes y eficaces para la satisfacción del interés general”.

 

“Asimismo, ante los cambios de público conocimiento en materia de política cambiaria, y las consecuencias inmediatas que ello trae sobre las obligaciones asumidas por este Municipio en relación a lo proyectado y presupuestado para la realización de Obras o prestación de servicios, como así también la dificultad que acarrea para los proveedores el cumplimiento de las obligaciones frente a las mutaciones originadas en la precitada coyuntura, que no pudieron preverse en su magnitud al momento de ofertar, resulta también necesario proceder a declarar la emergencia administrativa, económica y financiera del Estado Municipal, a fin de dotar al Departamento Ejecutivo de las herramientas necesarias para hacer frente a la situación arriba descripta, evaluando en cada caso la renegociación o rescisión del contrato respectivo”, continúa en sus considerandos el proyecto, en donde también se añade que “la situación económica general afecta directamente a la recaudación tributaria municipal, lo que genera una merma en los ingresos que afectan las proyecciones presupuestarias realizadas en el cumplimiento de los objetivos previstos”.

 

La vigencia de la emergencia alimentaria y social, y la emergencia administrativa, económico y financiera del Estado Municipal, será por 120 días, con opción a una prórroga por otros 30 días más.

 

Además, “a los efectos de la emergencia alimentaria y social declarada (…) el Departamento Ejecutivo deberá implementar nuevos elementos de gestión de asistencia social y fomento, o aplicar los ya existentes, dirigidos a aquellos sectores de la población local que ostenten vulnerabilidad social”.

 

El proyecto del gobierno, además, autoriza al Ejecutivo a “efectuar un estudio minucioso de todos los contratos administrativos vigentes, para su inmediata adecuación a la declaración de emergencia administrativa, económico y financiera (…) teniendo como parámetro la doctrina pretoriana del 'esfuerzo compartido', a fin de arribar a posibles acuerdos con el contratista, adjudicatario, locatario, etc.; y/o su rescisión, como así también a dejar sin efectos los procedimientos de contratación ya iniciados. Lo que resultará aplicable a todos los casos en que por razones de restructuración presupuestaria para atender necesidades más urgentes no pueda afrontarse el pago proyectado o cuando se verifique el quiebre de la ecuación económico financiera por la variación de precios”.

 

El proyecto, incluso, prevé la implementación de “toda aquella normativa de excepción que resulte aplicable para llevar a cabo contrataciones directas de bienes y servicios justificados en la necesidad de satisfacer demandas comunitarias urgentes, en especial para incrementar las compras de alimentos y materiales destinadas a los programas de asistencia alimentaria y de la vivienda que lleva adelante la Municipalidad, creando los canales para facilitar a las familias que así lo requieran el acceso a dichos bienes”, reza el artículo 3.

 

La medida, incluso, modifica algunos parámetros de implementación de los programas de microcréditos, uno de los planes más cuestionados por la oposición, que incluso derivó en una denuncia penal contra el jefe comunal.

 

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