La medida regirá mientras dure el aislamiento social establecido por la Nación para combatir el coronavirus, o como mínimo hasta el 10 de junio. Señalan que el personal afectado a la limpieza y recolección de ramas debió ser reubicado en tareas esenciales. Con un cronograma reducido, se recolectará lo que ya se ha podado. 

Algunos vecinos vienen solicitando la limpieza desde hace algunos meses. Otros, empezaron a advertir los cúmulos de desechos, con la llegada de la época de poda. Manuel Alberti, Pilar y Del Viso, algunas de las zonas donde los habitantes solicitan limpiezas.

En pocas horas cayeron unos 90 mm de agua, lo que generó complicaciones en barrios cercanos al cauce. En las últimas semanas se adjudicaron obras por 1.600 millones de pesos para mitigar inundaciones.

Las labores se hicieron durante la madrugada y mañana del viernes, sobre un acueducto ubicado a la altura de la ruta 197.

Los intendentes de Pilar y Escobar le llevaron al gobernador la “preocupación” por el funcionamiento de las plantas en Villa Rosa, en el límite con Matheu. Vecinos temen daño ambiental y piden que sean removidas.

Presentaron notas en donde solicitan una audiencia con el jefe comunal, mientras esperan una resolución de la Justicia. Reiteran que las plantas, ubicadas en Villa Rosa, deben ser trasladadas a otras zonas.

Se trata del ex Verazul, que ahora cambió de nombre. El iniciador del proyecto quedó involucrado en una mega estafa, por lo que los compradores de los terrenos decidieron avanzar ellos en el emprendimiento.

Se registraron 115 milímetros de agua caída. Hubo problemas con el escurrimiento en Del Viso, Lagomarsino, La Lonja y el centro de Pilar, aunque el Muncipio señaló que el agua discurrió con más rapidez que en meses anteriores en este último caso.

El Ejecutivo estableció un plazo de 180 días para formular una nueva propuesta "que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular".

La Justicia castigó a varios vecinos por no haber concurrido a una mediación con la empresa APR Energy. Consideraron que la medida es una “amenaza” que busca desalentar los reclamos.

Se encontró que más del 40% del personal no prestaba funciones, y había empresas contratadas que no cumplían con los acuerdos. Además, hubo amenazas a los actuales funcionarios y robos en las oficinas de la dependencia.