Jueves, 28 Febrero 2019 20:58

Exalumnos del Pellegrini insisten en que se dé de baja el convenio que autoriza la venta de tierras

Es un acuerdo que selló la Comuna con la Nación,  en donde se deja abierta la puerta para la “subasta o licitación” de las parcelas con el fin de que ingresen inversores privados.

Exalumnos del Instituto Carlos Pellegrini insistieron en que el Municipio debe dar de baja “cuanto antes” el convenio que autoriza la venta de terrenos del predio donde se erige el edificio.

Se trata de un acuerdo que selló la Comuna con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el fin de concretar allí el proyecto del Polo Educativo Regional.

La idea es que allí se instalen universidades tanto públicas como privadas, con el objeto de aumentar la oferta académica en el distrito. De hecho, el gobierno anunció que la Universidad Pedagócica (UNIPE) será la primera en levantar aulas allí.

En ese contexto, y con el fin de facilitar la llegada de inversores privados, ya que también se prevé la construcción de residencias para alumnos y docentes, además de otras áreas comunes, es que el convenio habla de la posibilidad de “subastar o licitar” el inmueble, siempre que no sea algunos de los estamentos del Estado el que se encargue de las obras.

“Esto es pasar de manera paulatina algo que es público y de todos los pilarenses a manos de algunos privados. A largo plazo eso quedará para universidades privadas, con una pequeña presencia de la UBA y la Secretaría de Educación de Pilar. No fue pensado ese lugar originalmente para universidades privadas, sino públicas”, señaló en contacto con Pilar de Todos uno de los exalumnos, Germán Caruso.

Caruso adelantó que comenzarán a recoger toda la información relacionada con la historia del Pellegrini y cómo el edificio fue donado al Estado Nacional, hace más de 100 años, e incluso expuso que intentarán mantener reuniones con autoridades de la AABE.

“Ese lugar fue entregado para la educación pública y la ayuda a chicos en situación de vulnerabilidad, no para que entren empresas privadas”, insistió Caruso.

Al mismo tiempo, y con el objeto de visibilizar el reclamo, exestudiantes realizaron un video que difundieron en redes sociales donde se oponen a la “subasta” de terrenos.

El intendente Nicolás Ducoté, en medio de la polémica, defendió la idea al señalar que el distrito necesita de más oferta académica, y añadió que a las universidades privadas que hagan uso de parte del predio, que en total alcanza las 70 hectáreas, deberán otorgar becas para alumnos que no puedan costear los aranceles.

La Defensoría del Pueblo pide informes 

La Defensoría del Pueblo de Pilar presentó un proyecto de resolución para conocer cuál es el proyecto que piensa implementar el Municipio y cómo este podría afectar el funcionamiento de un espacio para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“Se solicitó un informe actual sobre el inmueble y el futuro proyecto urbanístico,  dicha solicitud se basó en potenciar los usos y minimizar los impactos negativos en la vida de los vecinos de Pilar”, informaron desde la Defensoría a cargo de Juan Pablo Trovatelli.

“Otro de los ejes de la resolución se basó en respetar el convenio existente entre el Estado Nacional y SERPAJ  (Aldea Jóvenes Por la Paz del Servicio de Paz y Justicia).  A través de dicho convenio se acordó con SERPAJ el uso de un sector del Instituto ‘Carlos Pellegrini’ a fin de implementar, en la modalidad de Plan Piloto Nacional, un proyecto productivo y de capacitación para jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad, creando espacios para la promoción de la producción agroecológica, capacitación en talleres afines y educación para la Paz y los Derechos Humanos”, añadieron.

Trovatelli expuso, luego de la reunión realizada en el predio, que “deben considerarse las actividades que ya se desarrollaban en el mismo,  sobre todo teniendo en cuenta  que a dicha aldea asisten diariamente 200 jóvenes y adolescentes provenientes de familias asentadas en barrios con altos índices de pobreza y desocupación, traduciéndose la pérdida de dicho espacio en riesgo  alimentario, sanitario y educativo”.


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