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Miércoles, 02 Mayo 2018 22:03

Termoeléctricas: Una de las empresas recusó al Juez por tener domicilio en Pilar

Desde la empresa APR sostienen que al vivir en un country cercano a las plantas podrían interferir intereses personales del magistrado Charvay, quien rechazó la medida y deslizó posibles maniobras “intimidatorias”.

Una de las empresas que lleva adelante la construcción de una termoeléctrica de Pilar recusó al Juez de Zárate – Campana Adrián González Charvay.

Se trata del magistrado que dispuso el cese de obras tanto en APR como en otra planta, Araucaria Energy, que se estaban erigiendo en Villa Rosa, al límite con Matheu (Escobar).

La decisión del Juez llegó tras el reclamo de vecinos, quienes entienden que las usinas que generarán energía eléctrica son altamente dañinas al medio ambiente y a la salud de las personas, argumentos rechazados por las firmas.

Sin embargo, hasta tanto se determine el real impacto, Charvay frenó toda labor, medida que ambas compañías apelaron ante la Cámara de San Martín.

No obstante, en los últimos días también recusaron a Charvay para que se aparte de la causa, al entender que este posee “interés” particular en el tema, ya que se domicilia en la urbanización cerrada “Los Sauces”, de Pilar, ubicada a 3,3 kilómetros de distancia de una de las futuras plantas.

 

 

 

“Por tal circunstancia, afirman, podría verme particularmente afectado por el supuesto daño que podría derivarse de la operación de la referida termoeléctrica...”, expuso Charvay en el escrito donde rechazó la recusación ante la Cámara.

Charvay explicó que ya no vive más en ese domicilio desde noviembre de 2016, aunque sí lo sigue haciendo en el distrito de Pilar, pero aclaró que como Juez debe vivir en un radio de 70 kilómetros de donde desempeña sus tareas, es decir en Campana.

El Juez, además, manifestó en la negativa al pedido de APR que por su labor, que cubre 6 distritos, ha ordenado allanamientos por otras causas incluso dentro de “Los Sauces” por lo que “no se ve afectada la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Así, siguiendo la tesis de razonamiento de los presentantes (por los abogados de APR), por mi condición de vecino, se llegaría al extremo de tener que apartarme de todos aquellos casos de contaminación y de conflictos de intereses de usuarios y consumidores, que se susciten dentro del partido de Pilar. Y dada la interjurisdiccionalidad de los casos de contaminación que justifican la intervención del fuero federal, tampoco el juez de un caso podría residir en jurisdicciones vecinas lo cual no solo es un absurdo sino que provocaría un colapso en la prestación del servicio de justicia”, añadió Charvay.

 

 

 

Pero el Juez fue más allá y si bien expuso que los datos obtenidos por APR respecto a su domicilio se pueden obtener de manera pública, pidió se investigue si no podría haber habido fines “intimidatorios” por parte de los abogados de la empresa, al incluir datos de los padres del propio Charvay.

“Como puede observarse (…) se ha practicado e incorporado a la presentación una suerte de investigación o ‘inteligencia previa’ respecto de mi persona. Fue así que, a partir de mi documento de identidad, se establece el lugar que fue mi residencia y, sorprendentemente, se incorporaron junto al mismo los datos personales de mis progenitores. A ello se agrega una impresión satelital con la indicación específica de la que fuera la residencia de mi familia. Si bien tal información está obtenida de bases de acceso público, lo cierto es que a partir de la misma se ha integrado información de naturaleza eminentemente privada a un expediente de carácter público, constituye ello una inusitada artimaña argumental, por mi desconocida en la práctica forense. Todo ello, sin ningún sustento en las constancias del legajo por cuanto para el argumento aquí sostenido solo bastaba con señalar mi condición de vecino próximo al lugar. Tal proceder absolutamente ajeno a las reglas procesales y a la buena fe en las prácticas forenses podría eventualmente constituir un supuesto de temeridad en los términos del artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Como así también deberá analizarse con rigurosidad si el mismo no habría abrigado fines intimidatorios respecto de mi persona”, señaló Charvay, quien pidió que se remitan los antecedentes al Tribunal de Ética.

Ahora, deberá ser la Cámara la que defina si hay elementos para apartar a Charvay o, por el contrario, sigue delante de la causa, mientras se designa un Juez subrogante.

“(…) Mi mera condición de residente en el Partido de Pilar, en modo alguno afecta mi imparcialidad frente al caso de autos”, insistió.

 

 

 

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